La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió ayer la mención de seis periodistas argentinos en una demanda presentada por el Grupo Clarín por “incitación a la violencia” contra altos funcionarios del Ejecutivo de Argentina.

El Grupo Clarín, el mayor grupo multimedia de ese país, presentó una demanda penal la semana pasada contra funcionarios del Gobierno argentino y legisladores oficialistas, en la que se menciona también a un grupo de periodistas.

“El Grupo Clarín tiene todo el derecho de defenderse de los constantes ataques que recibe del Gobierno, pero no debería demandar a periodistas por lo que informan u opinan porque, en ese caso, atenta contra su libertad de expresión”, señaló en un comunicado Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

El Grupo Clarín mantiene un pugna legal con el Gobierno argentino por la aplicación de la Ley de Medios que, según el Gobierno, obligará a la empresa a desprenderse de más de doscientas licencias de televisión por cable, entre otras posibles obligaciones.

La Corte Suprema de Justicia argentina pidió hoy a un juez de primera instancia que se pronuncie de inmediato sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, al tiempo que rechazó la petición de Clarín de prorrogar una medida cautelar para evitar que la ley entre en vigor el próximo 7 de diciembre, tal como sostiene el Gobierno.

La citada denuncia también menciona “como propagadores” de “incitación a la violencia” a seis periodistas afines al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente, Nora Veiras, Edgardo Mocca y Orlando Barone, según detalla la SIP.

En un comunicado, el Grupo Clarín ha aclarado que, con la denuncia, “no se busca imputar a periodista alguno”, sino que “sólo serán testigos” para que, “de poseerla, aporten información sobre los hechos denunciados”.

Sin embargo, para Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, aun como “testigos”, estos periodistas no pueden ser forzados a aportar ningún tipo de información a la Justicia.

La Declaración de Chapultepec establece que “toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente”, que “nadie puede restringir o negar estos derechos” y que “no podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información”.

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